Gobernando la Sociedad del Conocimiento Global

por Philippe Quéau, 21 de julio de 2000 -

El conocimiento no es comparable a otros productos. El conocimiento tiene propiedades específicas, muy diferentes de las de los resultados del modelo industrial. Al igual que el fuego, puede expandirse rápidamente, prácticamente sin costo alguno, si cuenta con los vientos adecuados. La "economía de red" muestra que el conocimiento puede tener retornos extremadamente elevados o puede carecer por completo de ellos. Además, se puede discutir si el conocimiento en realidad más que un producto, es un modo de pensar. Puede incluso ser un estilo de vida, tal como lo muestran los estudiosos. Puede tener marcados efectos no lineales, profundos impactos sociales y políticos. Esta es la razón por la cual la llamada "División Digital" es en esencia una línea divisoria social y económica que será únicamente agravada por el mero poder de las tecnologías de la información (TI).

Es debido a este profundo impacto social que la Sociedad del Conocimiento acarrea un precio político. Recientemente, durante la II Conferencia del Conocimiento Global realizada en Kuala Lumpur, el Primer Ministro de Malasia anunció su voluntad política de lanzar un "Plan Maestro K" para incorporar a Malasia a la Economía del Conocimiento. Sin embargo también subrayó los serios riesgos de imitar a los competidores de economías-en-línea más avanzadas porque eso simplemente "vaciaría" la economía malaya.

En efecto existe un problema. Hay una contradicción en el fenómeno de la "globalización" económica, ampliamente facilitada por la globalización de las TI. Por un lado, la globalización permite y se beneficia de los retornos crecientes, efectos bola de nieve y ganancias competitivas que en algunos casos derivan en obvios (e inaceptables) monopolios. Este es el efecto "Todo o nada" a nivel mundial.

Por otro lado, la globalización no siempre responde a las necesidades locales. Esto puede ser llamado el efecto "Ganadores Globales Perdedores Locales". En otras palabras la globalización ofrece enormes ganancias para los ganadores globales, pero si no se toman las acciones adecuadas, se agravará la situación de los perdedores globales en muchos aspectos.

El punto es que la globalización por naturaleza es tautológicamente "global" y por lo tanto no necesariamente toma debidamente en consideración los problemas y asuntos específicos locales. Hay numerosos cuellos de botella a nivel local. No hay razón para pensar que las "manos invisibles" de la globalización resolverán las necesidades especiales de las situaciones locales. Por el contrario, se debería confrontar el hecho de que una globalización desregulada sí agravará la "División Global".

He aquí algunos ejemplos.

Las diferencias en el acceso a Internet son considerables. Si bien la privatización y la desregulación de las telecomunicaciones han hecho las operaciones tradicionales más eficientes, no garantizan el acceso local universal a Internet. Además, la naturaleza transfronteriza de la industria de las telecomunicaciones es más favorable para aquellos que pueden imponer condiciones de ingresos gracias a su avanzada tecnología, a la alta velocidad de sus ejes de Internet y a la concentración de la red que han venido desarrollando. Esta ventaja ha permitido que unos pocos operadores dominantes ejerzan presión sobre otros para cargar sus costos de acceso, haciendo que el suministro de los servicios más básicos sea aún más difícil en los países en desarrollo.

Con esta creciente presión para dejar sin efecto los acuerdos negociados bilateralmente acerca de compartir los costos, los países en desarrollo enfrentarán una carga sin precedentes para mantener sus sistemas de telecomunicaciones. El neto resultante de esta "tasa de equiparación" es que los operadores en países en desarrollo estarán forzados a compensar los costos mediante el incremento de las tarifas locales de las llamadas. Los proveedores de servicio de Internet (PSIs) en los países en desarrollo normalmente están ubicados en centros urbanos, por lo cual las conexiones telefónicas en zonas rurales son aún muy costosas. Además el aumento de las tarifas en las llamadas locales significaría la exclusión de muchos usuarios en zonas rurales y lugares alejados del acceso a los recursos del conocimiento.

En segundo lugar, la sobre-concentración del negocio de los ejes de Internet en los Estados Unidos sin la necesidad que los operadores estadounidenses compartan los costos de circuitos completos, representa otra desventaja, en especial para el desarrollo de los PSIs en países en desarrollo, quienes en la mayoría de los casos deben pagar todos los costos de ambas rutas de conexión. Actualmente, aún para las redes inter-asiáticas la mayoría de los PSIs asiáticos están conectados a operadores estadounidenses. Esto es aún una realidad para la mayoría de las redes inter-europeas, las cuales a menudo utilizan a Virginia como su centro internacional de Internet. De esta forma, posicionando a los Estados Unidos como el centro mundial de Internet ha generado una situación donde los operadores estadounidenses se benefician mucho más que las conexiones de la periferia. Irónicamente, bajo estas circunstancias, tanto los proveedores de Internet como los usuarios estadounidenses obtienen libre acceso a Internet con el resto del mundo a expensas de otros países, incluyendo los más pobres, que tratan de recabar información en la red a pesar de tener muchas otras prioridades apremiantes. Esto ha derivado en un tipo de explotación, una situación que en definitiva, es contraria a la penetración de Internet en el largo plazo y que eventualmente impedirá que muchas personas en los países en desarrollo puedan intervenir en los recursos del conocimiento.

¿Qué contramedidas hay disponibles para los países en desarrollo? En esta contexto, el tema de fortalecer la equiparación del acuerdo regional así como las redes intra-regionales debe ser presentado para estar primero en las agendas de los foros regionales. Debería considerarse seriamente la posibilidad de establecer un eje de alta capacitación regional para conectar a cada país dentro de una red global multi-centros en la que nadie domine las conexiones.

La sociedad civil de los países en desarrollo podría sensibilizar a los parlamentarios y autoridades reguladoras para que aborden este importante tema y movilicen a los influyentes cuerpos políticos regionales para que actúen con firmeza.

La necesidad de una regulación global

Actualmente todo el mundo está familiarizado con el famoso pleito de Microsoft y el triunfo de la Ley Antitrust sobre las prácticas monopólicas de Microsoft. De forma similar, el 27 de junio de 2000, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció su oposición a la mega-fusión WorldCom-Sprint. Mario Monti, comisionado de la Unión Europea a cargo de la competencia, iba a anunciar un movimiento similar luego de un esfuerzo cooperativo entre la comisión y el DOJ y la Comisión Federal del Comercio (FTC), sin embargo WorldCom y Sprint retiraron su proyecto prácticamente en seguida. Estos dos ejemplos muestran claramente el poder de la regulación "política" sobre el mercado. Ellos también indican una tendencia que puede conducir a un mayor desarrollo global, aumentando las esperanzas para alcanzar algún tipo de marco para una mejor conducción global.

Es absolutamente esencial la existencia de una "esfera pública" capaz de establecer normas para regular intereses privados y de mercado a favor del bien global común, la cual también debe proporcionar e impulsar oportunidades justas para el mercado. Hay ciertos elementos tales como el acceso a información y educación y el acceso a recursos limitados, como por ejemplo el espectro de transmisión, que requieren una regulación desde la perspectiva del bien global. Un libro apoyado por el PNUD que ha sido editado recientemente, explica porqué las fuerzas del mercado por sí solas no pueden regular los bienes públicos globales. Esto requiere inteligentes medidas de intervención por parte de los gobiernos así como otros acuerdos internacionales incorporando los "bienes públicos" dentro de las normas de los sistemas regulatorios a nivel nacional e internacional.

El espacio cibernético no es tierra de nadie, como tampoco lo son los paraísos fiscales. Si los gobiernos del mundo decidieran unirse a fin de aplicar medidas drásticas contra todas las posibilidades de evasión fiscal o de tráfico de dinero ilegal, podrían perfectamente imponer su voluntad sobre los paraísos fiscales offshore y de lavado de dinero. Un reciente informe de la OECD muestra la forma de detectar "estados deshonestos" en este sentido.

Del mismo modo, si alguna vez en el futuro los gobiernos del mundo decidieran imponer un estricto refuerzo a una eventual regulación global del ciberespacio, podrían implementarlo perfectamente. Al fin y al cabo las computadoras y las redes son objetos materiales que aún son necesarios en el ciberespacio inmaterial y tanto la policía como el sistema judicial podrían en buena forma actuar sobre los "inmuebles" del ciberespacio.

Los asuntos de confidencialidad, por ejemplo, son demasiado importantes como para ser confiados únicamente al mercado. La protección de la privacidad se ha transformado en uno de los derechos más importantes del hombre de este cambio de siglo. Algunos Hermanos Grandes observan todos nuestros movimientos para lograr pre-eminencia estratégica. Cabe mencionar el acuerdo en curso UKUSA (que involucra a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) que utiliza la red ECHELON supervisada por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos para controlar y procesar más de 3 billones de llamadas telefónicas, faxes e e-mails por día en el mundo entero. Sin embargo, deben agregarse las Hermanas Grandes de la vigilancia económica, financiera e intelectual. Desde ahora el mero click sobre un vínculo de hipertexto, la consulta más casual de un sitio en la red de comunicación mundial (World Wide Web) genera "cookies" que alimentan bases de datos incontrolables. Esta técnica de extracción de datos (explotación de datos) permite que gobiernos y organizaciones privadas desarrollen tanto una vigilancia masiva como un perfil personalizado, sin ningún tipo de control o derecho de acceso para examinar esta información en la mayoría de los casos. Desde el cuidado médico hasta los sistemas de transporte, las transferencias financieras o las transacciones comerciales, enormes cantidades de información se acumulan a diario, cediendo datos cuyo tratamiento y correlación permiten delinear retratos extremadamente indiscretos acerca de cada uno de nosotros. De esta manera, estamos rodeados por una estrecha red de vigilancia, en la oficina y en el hospital, desde que nacemos hasta que morimos. Los intereses comerciales quieren libertad para extraer valiosos datos como recurso para investigaciones de marketing o para revender información a intermediarios de datos así como para la industria del "servicio de referencia individual".

¿Cuál es el nivel deseable de anonimato y protección de la privacidad? Esta interrogante es esencialmente un asunto filosófico y político.

En Europa una Directiva que rige la protección de los individuos con relación al procesamiento de datos personales y a la libre circulación de este tipo de información entró en vigencia en octubre de 1998, cuatro años después de su aprobación, en 1994. Su artículo 25 establece que "la transferencia a un tercer país, de datos personales que están siendo procesados o cuya intención es que sean procesados más adelante, deberá ocurrir sólo si (...) el tercer país en cuestión asegura un adecuado nivel de protección." Pero en Estados Unidos el camino elegido es el de la autorregulación. Se espera que las compañías privadas demuestren autolimitación. Pero ¿porqué deberían obedecer cuando recabar información sobre los consumidores es un negocio extremadamente lucrativo? En realidad, muchas compañías basan su propia existencia en esta información que venden llegado el momento. Cuando aún resta observar si existe un nivel adecuado de protección en los Estados Unidos, la siguiente pregunta continúa pendiente ¿quién tendrá la última palabra? ¿El libre mercado o el ciudadano global conciente de su privacidad?

Además de la privacidad, existen otros asuntos que deberían ser tratados desde el punto de vista del "bien común global". La definición de "bien común global" no puede dejarse a las burocracias. Implica el surgimiento de una política global de legitimación y la creación de una sociedad civil global. El mercado no puede ser la respuesta a todos los problemas. En particular el mercado no está preocupado por la redistribución social. Temas sociales importantes (tales como la educación y salud básicas o mantener la paz social o incluso internacional) pertenecen a la esfera "política". Luego de un período de desregulación, ahora se necesita una re-regulación a un nivel más alto. Se necesita algún tipo de conducción global, incluyendo una fiscalización global (como el famoso Impuesto Tobin a ser aplicado a todas las transacciones financieras propuesto por el Premio Nobel James Tobin). ¿Porqué no imaginar un "impuesto global a las telecomunicaciones", un "impuesto global a la energía", o un impuesto al uso de bienes públicos tales como el espectro de frecuencia, las órbitas geoestacionarias o el fondo del mar utilizado por los cables transoceánicos de comunicación, para contribuir a la reducción de las desigualdades en el acceso a la información y a la lucha global por los intereses ecológicos?

El mercado está basado en la competencia. Por esta razón surgen los más fuertes, acarreando un efecto no lineal: la caída de los competidores más débiles crea monopolios u oligopolios. Los problemas de los monopolios son aún mayores en el sistema económico de redes y software con el muy fuerte efecto no lineal de los "rendimientos crecientes". Este efecto no lineal responde a una regulación no lineal como la Ley Sherman Antitrust de Estados Unidos o como el Tratado de Roma. Esta es la razón por la que aún las regulaciones tienen un rol a jugar. Sin embargo (aún) no existe una ley global antitrust. Si los monopolios amenazan la "competencia leal" en los suministros en Estados Unidos y en la Unión Europea, hay algunas posibilidades de regulación. Pero no hay un mecanismo disponible sobre antitrust a nivel mundial. WTO o el Consejo del ECOSOC de las Naciones Unidas (que está lejos de ser un "consejo de seguridad económica" aún) no poseen herramientas legislativas ni mandato político como para "regular" monopolios u oligopolios que hayan aprobado la prueba interna de la ley antitrust de los Estados Unidos, pero podría aún ser muy perjudicial para una competencia "leal" a nivel mundial fuera de los Estados Unidos.

Los reguladores deberían representar el "interés general". Por ejemplo deberían definir la necesidad de "acceso universal" a la era de la información y asegurar su financiamiento. ¿Cuál debería ser el nuevo paradigama del "acceso universal"? ¿Debería estar basado únicamente en el acceso físico? ¿Debería incluir políticas de tarifas justas para las telecomunicaciones incluyendo subsidios adecuados para cierta clase de usuarios? ¿O debería también incluir el libre acceso a ciertos "contenidos", por ejemplo acceso a toda la información de dominio público e información gubernamental relevante para los ciudadanos imbuidos de su deber de estar bien informados sobre asuntos de estado y deseosos de reforzar la democracia? ¿Cuál debería ser el nivel mínimo de servicio para los usuarios? ¿Es posible cargar el costo de las obligaciones a la misión pública del servicio de una forma significativa? ¿Cuáles deberían ser los derechos del consumidor? ¿Estos derechos interfieren los "derechos de los ciudadanos" si están limitados por los intereses del "mercado"?

También deberán ser regulados los problemas de interconexión, interoperabilidad de las redes y servicios así como una justa asignación de recursos (acceso a números, disponibilidad del espectro de frecuencia de radio, fijación de precios del espectro, frecuencia de la subasta). No es seguro que soluciones como ICANN vayan a funcionar a la larga, dada la relativa oscuridad de su proceso "democrático". No puede controlarse realmente el peso de los diferentes lobbies en tales ONGs, que no están sometidas a un riguroso análisis de credibilidad.

En los años recientes, los reguladores de las telecomunicaciones no han tenido éxito en restingir la conducta anti-competitiva de los operadores dominantes y promover un eficiente mercado competitivo. Por ejemplo, la FCC admitió su incapacidad para regular a AT&T durante el desposeimiento de esta empresa. Hoy, en casi todos los países, sobre los principales temas de regulación, los grandes jugadores se dirigen directamente a los políticos para ejercer presión para imponer sus puntos de vista. Por esta razón, siguiendo la nueva legislación de los Estados Unidos de 1996 que liberaliza todos los mercados de telecomunicaciones, las primeras fusiones involucraban las compañías Bell regionales (RBHCs) en acciones defensivas para fortalecer su posición monopólica en los mercados locales de telecomunicaciones.

Los operadores públicos de telecomunicaciones (PTOs) en general representan un cuello de botella que puede enlentecer o incluso detener los progresos, especialmente en el desarrollo de nuevos servicios.

Si los responsables de formular políticas y los reguladores adoptan una postura de no intervención o de dejar pasar sobre la competencia, la mayoría de los clientes de telecomunicaciones corren el riesgo de encontrarse con un mercado con una política de competencia pero con escasas opciones competitivas reales.

Esto es aún más cierto para los países en desarrollo, a pesar de la irresistible ideología de la desregulación. Los países en desarrollo han sido "enérgicamente invitados" a optar por los modelos estadounidenses o europeos de desregulación, por ejemplo, el contexto general de desregulación sumado a la fuerte regulación al operador titular para asegurar que nuevos operadores (en general móviles) pueden alcanzar una porción del mercado. Sin embargo, en los países en desarrollo la situación debería revertirse. Los nuevos operadores móviles entrantes poseen el fuerte respaldo financiero y técnico de sus socios no-nacionales (en general oligopolios globales muy poderosos, autolimitados en su propio territorio por leyes antitrust). Considerando que los operadores titulares no tienen tal respaldo, las regulaciones deberían revertirse para proteger al titular del nuevo entrante. Esto en general se complica por el hecho que cualquier suministro de acceso universal es aplicado al titular mientras que al nuevo entrante se le da tiempo para construir su red y obtener una porción del mercado.

En otras palabras, no hay un solo modelo de regulación sino muchos. Será responsabilidad de una futura Comisión Antitrust Mundial decidir cuál modelo debería ser aplicado a cuáles países a fin de garantizar una competencia justa y real.

Un asunto "de regulación" igualmente importante es el acceso al contenido del conocimiento. Sin duda hay una tendencia a dirigir el mercado para comercializar información. ¿Es realmente inteligente permitir que el conocimiento se transforme en un producto? El conocimiento base para la economía del conocimiento está siendo en realidad ampliamente desarrollado a través de instituciones financiadas públicamente como las universidades y por financiamiento para investigación, mientras que la explotación del conocimiento para desarrollar productos se ha vuelto esencialmente una preocupación de la industria privada. Si bien es cierto que las industrias cada vez más realizan su propia investigación de producto, también es cierto que las instituciones financiadas públicamente son quienes producen los investigadores y los institutos académicos financiados públicamente continúan siendo la fuente del conocimiento. Entonces, ¿quién debería poseer el conocimiento? ¿No debería existir un acceso justo al conocimiento facilitado por las empresas públicas y privadas, con una adecuada consideración por los derechos de propiedad intelectual? ¿No debería existir un acuerdo que asegurase que al menos todos los fondos públicos para financiamiento de investigación serán otorgados en la medida que la información resultante de la investigación esté disponible para un uso justo en el dominio público? Por ello, los principios de libre acceso a información en el dominio público deben ser definidos y promovidos.

La ley actual y la práctica generalmente permiten un "uso justo" de la información publicada para investigación, estudio, revisión e información. El acceso a los recursos de conocimiento en la red, si se aplica éticamente, puede ser visto como una petición o una consecuencia de este principio de uso justo.

Pero el concepto de "uso justo" está cada vez más amenazado. Los argumentos en contra para extender el concepto de uso justo en el dominio electrónico con más fuerza, vienen de los editores. Estos reflejan la tensión entre acceso y propiedad. Los materiales impresos análogos se consultan en una biblioteca o en una librería, por lo tanto son menos vulnerables a violaciones de derechos de autor. Pero el texto electrónico disponible en Internet no solamente puede ser grabado sino que también puede ser duplicado y redistribuido por quien quiera hacerlo. Por lo tanto, la presión está aumentando por parte de los editores para hacer las leyes de derechos de autor más estrictas y hacer que la consulta de información en la pantalla y el compartir la misma a través de las redes, sin autorización, sea ilegal. Controlar el ajuste de estas leyes será problemático considerando las dificultades para probar cómo y dónde se obtuvo el material y las amplias oportunidades de hacer cambios en el texto electrónico. En casos extremos algunas soluciones tecnológicas preventivas como desactivar la función de impresión pueden ser aplicadas. Sin embargo, parecería más fructífero expandir las definiciones de "uso justo" e inculcar principios de "ética de la información" acerca del respeto a la propiedad intelectual más que ajustar el ámbito legal.

Otra estrategia, quizá aún más importante para el desarrollo de recursos de conocimiento es aumentar el volumen de información de dominio público disponible en la Internet. A tal efecto, los gobiernos, las instituciones financiadas públicamente, tales como las universidades, deberían estar equipadas y obligadas a que su información se encuentre disponible al público. El dominio público global de información debería encontrarse libremente disponible, sin costo alguno, para todos, pero debería estar al mismo tiempo protegido por un régimen de "copyleft" tal como la Licencia de Público en General (LPG) utilizada por ejemplo para proteger a LINUX contra depredadores.

Finalmente, se debería considerar con la máxima atención la tendencia actual de patentar casi todo. A través de la patente de softwares, todos los métodos intelectuales podrían ser patentados en el futuro, métodos tales como los comerciales, educativos, etc., a los que cada vez se les conceden más y más patentes en los Estados Unidos y Japón. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya se pueden patentar métodos comerciales o incluso métodos educativos. Esta apropiación virtual podría tener consecuencias desastrosas sobre el libre acceso al conocimiento y a la competencia leal. La Oficina Europea de Patentes comenzaría a examinar cómo conceder ese tipo de patentes en Europa, con la ayuda de multinacionales estadounidenses que probablemente sugerirían formas inteligentes de tener en cuenta un método comercial "como la solución técnica a un problema técnico".

¿Qué ocurriría con la creatividad en Internet si British Telecom lograra que le reconocieran su presunta patente sobre hipervínculos? Este tipo de pregunta nos obligaría a iniciar una reformulación completa del marco global de los derechos de propiedad intelectual en el contexto de la Sociedad de la Información. Hasta ahora, hemos sido testigos de un movimiento internacional continuo y relativamente sin precedentes hacia el fortalecimiento de las leyes IPR. Es hora de iniciar un amplio debate democrático internacional sobre los fines reales que deberían ser socialmente perseguidos en términos de propiedad intelectual. Se trata de un debate filosófico y político que no debería ser obstruido por meras construcciones jurídicas y debería ser conducido fuera de los grupos de presión, a fin de buscar el "bien global común". Sin embargo, el punto de vista de los países en desarrollo con relación al acceso al conocimiento debería ser particularmente tenido en cuenta si tomamos en serio la necesidad de disminuir las diferencias entre los info-ricos y los info-pobres.

Los mercados globales sin personas capaces, tanto de producir como de consumir conocimiento, no son sostenibles, y la tarea de los proyectos financiados públicamente de producir estas personas capacitadas y entendidas en la materia se mantendrá. Con el advenimiento de la sociedad de la información, las oportunidades de educación a lo largo de toda la vida se transformarán en el requerimiento más importante para nuestro futuro. Los sistemas educativos con su enfoque tradicional de cursos fijos para prepararnos para nuestras carreras de adultos ya no podrán satisfacer las demandas de la sociedad del conocimiento y de la economía. Debido a la acelerada tasa de acumulación de conocimiento, la educación que adquirimos con 3 a 4 años de universidad se tornará obsoleta poco después de ser contratados para ocupar un puesto de trabajo. Por esta razón, las personas tendrán que disponer de más avenidas para obtener educación formal continua en los diferentes períodos de sus carreras. Aquí es donde el fortalecimiento de la Internet para facilitar la educación virtual cobraría la mayor importancia. Las inversiones en educación en general no deberían verse únicamente incrementadas, sino también incluir suministros para proveer instalaciones y oportunidades de educación a lo largo de toda la vida junto con el nivel de apoyo de TIC requerido. Los operadores de telecomunicaciones e ISP podrían prestar asistencia a estos esfuerzos y promover el desarrollo de sus propios mercados futuros estableciendo tasas de concesionario para permitir el acceso a Internet en las escuelas, institutos académicos y bibliotecas públicas. Dichos esquemas, algunas veces conocidos como "tasas-e", han sido promovidos con éxito por los gobiernos y agencias reguladoras en distintos países, particularmente en los Estados Unidos.

En un sentido más amplio, las políticas nacionales dirigidas a promover la información de dominio público y a asegurar que éstas provean información y aplicaciones para mejorar la educación, la salud, el medio ambiente y las funciones de gobierno deberían ser consideradas una prioridad. La disponibilidad del dominio público así como otra información patrimonial son una inversión indispensable en educación y por lo tanto en el desarrollo de un conocimiento de la sociedad para todos.

La importancia de la "esfera pública" para la educación es central para asegurar la reutilización de contenidos, métodos y herramientas, la interoperabilidad de servicios, calidad, multilingualismo y la armonización de currícula. Los sistemas de educación y otros servicios públicos deberán trabajar de cerca con los intereses industriales para desarrollar standards que sean flexibles, abiertos, de libre acceso y satisfacer las necesidades tanto de los países industrializados como de los en desarrollo. Está claro que la comunidad internacional, incluyendo la UNESCO, juega un papel especial en la promoción y guía de este proceso.

Como conclusión, me gustaría señalar que la globalización tecnológica y económica impone una globalización política y legal. Necesitamos una ley mundial que regule el proceso mundial. Esta es una tarea urgente que será posible sólo mediante el surgimiento de una sociedad civil global, completamente conciente de su papel histórico en la historia de la humanidad.